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Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (s. 12ª) de 30 de mayo de 2014 (Dª. MYRIAM SAMBOLA CABRER).
TERCERO.- La segunda cuestión objeto de examen y planteada por la Sra. Sonsoles en su recurso es la relativa a la compensación económica reclamada al amparo del artículo 232-5 CCCat . Como la sentencia apelada razona la Sra. Sonsoles funda la compensación económica peticionada en el hecho de que la Sra. Sonsoles ha sufrido un perjuicio económico cuantificado al ser dada de alta como autónoma en la empresa de su esposo, mientras este se ha beneficiado de dicha circunstancia cobrando una pensión mayor de la que le hubiera correspondido. La causa de pedir en el modo en que viene formulada no tiene encaje en la previsión legal contenida en el artículo 232-5 en el que se requieren dos presupuestos para su establecimiento: 1º Que el cónyuge que la solicita haya trabajado para la casa sustancialmente mas que el otro o para el otro cónyuge sin retribución o con retribución insuficiente y 2º que el otro cónyuge hay obtenido un incremento patrimonial. Esta compensación económica por razón del trabajo tiene como fundamento indemnizar a modo de compensación el trabajo no remunerado o remunerado insuficientemente de aquel cónyuge que tras la ruptura se encuentra en una situación de desequilibrio patrimonial cuando el otro cónyuge ha visto aumentado el suyo precisamente por la contribución del primero. Y en cualquier caso, no existe un incremento patrimonial dado que el único patrimonio de ambos cónyuges y sobre el que no existe controversia es la vivienda familiar.
CUARTO .- La tercera cuestión controvertida en esta alzada es la prestación compensatoria establecida. La Sra. Sonsoles reitera su inicial pretensión de una prestación compensatoria en la cuantía de 400 euros mensuales durante las primeras cinco anualidades, revisable anualmente conforme a las variaciones que experimente la pensión de jubilación del Sr. Marco Antonio y a partir del sexto año en la suma de 350 euros mensuales, sin limitación temporal. El Sr. Marco Antonio por su parte solicita se deje sin efecto la pensión compensatoria atribuida a favor de la actora y subsidiariamente se limite temporalmente vinculando su extinción al derecho de uso atribuido al recurrente por transcurso del plazo del mismo o bien por la efectiva división del patrimonio común.
La pensión compensatoria, según reiterada doctrina del TSJC expresada en sentencia de 31 de enero de 2011 es un mecanismo que procura "prolongar la solidaridad matrimonial después de la ruptura de la convivencia, con la finalidad de reequilibrar de la manera más equitativa posible la situación económica en que queda el cónyuge más perjudicado económicamente por la separación o divorcio en relación con aquella que mantenía durante el matrimonio con una vocación inequívoca de caducidad".
El Código Civil de Catalunya contiene la regulación de la prestación compensatoria en los artículos 233-14 a 233-19. El artículo 233-14 CCC dispone que "1.- El cónyuge cuya situación económica, como consecuencia de la ruptura de la convivencia, resulte más perjudicada, tiene derecho a solicitar en el primer proceso matrimonial una prestación compensatoria que no exceda del nivel de vida de que gozaba durante el matrimonio ni del que pueda mantener el cónyuge obligado al pago, teniendo en cuenta el derecho de alimentos de los hijos, que es prioritario (...)".
En el artículo 233-15 CCC se establecen los parámetros que deben ser considerados especialmente para su determinación en cuantía y duración siendo estos la posición económica de ambos cónyuges, la realización de tareas familiares u otras decisiones tomadas en interés de la familia durante la convivencia si eso ha reducido la capacidad de uno de los cónyuges para obtener ingresos, las perspectivas económicas previsibles de los cónyuges teniendo en cuenta su edad y estado de salud y forma en que se atribuye la guarda de los hijos comunes, duración de la convivencia y nuevos gastos familiares del deudor si procede. En este caso, la sentencia apelada, tras examinar la prueba practicada y valorando los ingresos de uno y otro, 1000 euros el Sr. Marco Antonio y 600 euros la Sra. Sonsoles, considerando el tiempo de duración del matrimonio y la edad de ambos, estima que concurre una situación de desequilibrio que procede compensar en la cantidad de 200 euros mensuales durante un año. A su vencimiento y previa acreditación de Sonsoles a Marco Antonio de la no percepción de pensión de jubilación alguna al cumplir la edad de 65 años, será prorrogada e incrementada en cuantía de 200 euros más, siendo la misma de 400 euros mensuales y de carácter vitalicio debiendo acreditar la misma no percibir pensión de jubilación alguna o en su defecto la cuantía de la pensión que perciba al vencimiento de cada anualidad de dicha pensión, en cuyo caso dicha cantidad de 400 euros será disminuida proporcionalmente en el procedimiento que corresponda.
La situación económica descrita en el fundamento precedente debe servir también para valorar si concurre un desequilibrio económico derivado de la ruptura que justifique la procedencia del establecimiento de la prestación. Ciertamente estamos ante un matrimonio que ha tenido una duración de 40 años, en el que han nacido tres hijas, todas ellas en la actualidad independientes económicamente de sus progenitores. Sin embargo y como ha quedado expuesto la capacidad económica de ambos litigantes es muy similar y no puede desconocerse que el Sr. Marco Antonio, de 77 años en la actualidad, como la sentencia apelada arguye en el fundamento que dedica a la atribución de la vivienda familiar, carece de cualquier ingreso más allá del percibo de la pensión de jubilación de poco más de 1.000 € euros mensuales con los que debe hacer frente a su propio sustento y cuidados derivados de su ya avanzada edad, y de unos ahorros cifrados en 4.500 €. Ambos son titulares del bien inmueble que ha constituido el domicilio familiar y la Sra. Sonsoles disponía al tiempo del dictado de la sentencia apelada de 60.000 euros en una cuenta de su exclusiva titularidad. En adición a ello tiene reconocida una pensión de jubilación de 632,90 euros mensuales con efectos desde el pasado mes de mayo de 2013 Considerando la situación de la Sra Sonsoles expuesta en el razonamiento precedente, no se aprecia en este momento desequilibrio económico que deba ser colmado a través de una pensión compensatoria lo que determina, con estimación del recurso interpuesto dejar sin efecto desde la fecha de la presente resolución, la pensión compensatoria establecida con cargo al Sr. Marco Antonio.
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