Procesal Penal. Exigencia de motivación de las resoluciones judiciales que autorizan una intervención telefónica, así como su extensión, ampliación o prórroga.

Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 2012 (D. CANDIDO CONDE-PUMPIDO TOURON).

TERCERO.- La doctrina de esta Sala (sentencias 285/2011 de 20 de abril, 312/2011 de 29 de abril; 362/2011 de 6 de mayo; 629/2011, de 23 de junio; 644/2011 de 30 de junio; 986/2011 de 4 de enero, entre otras) viene afirmando que la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales que autorizan una intervención telefónica, su extensión, ampliación o prórroga, forman parte del contenido esencial del art. 18.3 de la Constitución Española. Por ello las resoluciones que acuerdan la intervención deben explicitar, en el momento de la adopción de la medida, los elementos indispensables para realizar el juicio de proporcionalidad y también para hacer posible su control posterior, con el fin de garantizar el respeto del derecho de defensa, pues, por la propia finalidad de la medida, se adopta previa declaración del secreto de las actuaciones y por ello la defensa del sujeto pasivo no puede tener lugar en este momento inicial, sin perjuicio del control de legalidad que pueda realizar el Ministerio Público (SSTC 299/2000, de 11 de diciembre y 167/2002, de 18 de septiembre, entre otras).

Por ello, la resolución judicial que acuerda, prorroga o extiende una intervención telefónica tiene que justificar la existencia de los presupuestos materiales habilitantes de la intervención: los datos objetivos que puedan considerarse indicios de la posible comisión de un hecho delictivo grave y de la conexión de las personas afectadas por la intervención con los hechos investigados. Indicios que son algo más que simples sospechas, pero también algo menos que los indicios racionales que se exigen para el procesamiento, según expresión típica de una doctrina constitucional muy consolidada (SSTC 261/2005, de 24 de octubre; 220/2006, de 3 de julio; 195/2009 de 28 de septiembre y 5/2010 de 7 de abril, entre las más recientes).

Cuando se cuestiona la suficiencia de motivación de las resoluciones que acordaron, prorrogaron o extendieron una intervención telefónica, debe determinarse si en el momento de pedir y adoptar la medida de intervención se pusieron de manifiesto ante el Juez, y se tomaron en consideración por éste, datos objetivos que permitieran precisar que dicha línea era utilizada por las personas sospechosas de la comisión del delito o de quienes con ella se relacionaban, y que, por lo tanto, no se trataba de una investigación meramente prospectiva, pues el secreto de las comunicaciones no puede ser desvelado para satisfacer la necesidad genérica de prevenir o descubrir delitos ni para despejar sospechas sin base objetiva que surjan en los encargados de la investigación (SSTC 167/2002, de 18 de septiembre y 253/2006, de 11 de septiembre, entre otras).

Esta exigencia, según una doctrina tradicional de esta Sala que recientemente se reitera, entre otras, en la STS. 406/2010 de 11 de mayo, debe ponerse en relación con la naturaleza y características del derecho fundamental afectado y con las circunstancias en las que se produce su restricción, por lo cual no supone la necesidad de una determinada extensión, estilo o profundidad en la fundamentación ni la exigencia de razonar de una concreta manera, siendo suficiente, en general, con que puedan racionalmente conocerse los motivos de la decisión, lo que permite comprender y justificar las razones del sacrificio del derecho fundamental tanto al directamente afectado como a los demás ciudadanos, y, en su caso, controlar la corrección de la decisión judicial por vía de recurso. Por ello es doctrina reiterada de esta Sala y del Tribunal Constitucional que en el momento inicial del procedimiento en el que ordinariamente se acuerda la intervención telefónica no resulta exigible una justificación fáctica exhaustiva, pues se trata de una medida adoptada, precisamente, para profundizar en una investigación no acabada (Sentencias Sala Segunda Tribunal Supremo 1240/98, de 27 de noviembre, 1018/1999, de 30 de septiembre, 1060/2003, de 21 de julio, 248/2012, de 27 de marzo y 291/2012, de 26 de abril, entre otras).

Una exigencia mayor sobre el contenido de la motivación podría hacer innecesaria la medida, pues cuando se solicita y expide el mandamiento se trata de acreditar un hecho delictivo, y su autoría, sobre la base de meros indicios de su existencia, pero todavía no se disponen de pruebas suficientes sobre su comisión, pues, de otro modo, seria superflua la intervención.

La motivación se manifiesta, en primer lugar, mediante la expresión del hecho que se investiga y la normativa que lo autoriza, lo que supone un examen de la proporcionalidad tanto desde la gravedad del hecho investigado como de la necesidad de su adopción, que permite conocer la razón y el porqué de la medida y proporciona elementos para su control jurisdiccional.

Y, en segundo lugar, es necesario que el Tribunal exprese la conexión razonable que debe existir entre el delito investigado y la persona o personas contra las que se dirige la investigación, para justificar la injerencia en su derecho fundamental.

En definitiva, lo relevante es que consten los indicios que el órgano jurisdiccional ha tenido en cuenta como apoyo para considerar razonable y fundada la sospecha acerca de la comisión de un delito y de la participación en él del sospechoso.

CUARTO.- Expresada cual debe ser la motivación de la resolución es necesario concretar las fuentes de conocimiento de los indicios. Tanto el Tribunal Constitucional como esta misma Sala han estimado suficiente que la motivación fáctica de este tipo de resoluciones se fundamente en la remisión a los correspondientes antecedentes obrantes en las actuaciones o elementos fácticos que consten en la correspondiente solicitud policial, que el Juzgador tomó en consideración como indicio racionalmente bastante para acordar la intervención telefónica.

Como señalan las SSTS de 26 de junio de 2000, 11 de mayo de 2000, 27 de octubre de 2002, 248/2012, de 27 de marzo y 291/2012, de 26 de abril entre otras muchas, los autos de autorización de intervenciones telefónicas pueden ser integrados con el contenido de los respectivos oficios policiales en los que se solicitan las intervenciones, de forma que, aunque lo deseable es que la expresión de los indicios objetivos que justifiquen la intervención quede exteriorizada directamente en la resolución judicial, es licita la motivación por referencia, ya que el órgano jurisdiccional carece de la información pertinente por sí mismo y no seria lógico que abriese una investigación paralela al objeto de comprobar los datos suministrados por la Policía Judicial (SSTC. 197/2009 de 28 de septiembre, 5/2010 de 7 de abril y 72/2010 de 18 de octubre).

Pues bien, de la misma forma que la investigación policial precedente puede suministrar indicios que fundamenten una intervención telefónica inicial, también la instrucción judicial puede proporcionar nuevos indicios que aconsejen extender la intervención, bien en el orden temporal, prorrogando la intervención del mismo terminal en el tiempo, bien en el instrumental, extendiendo la intervención a otros terminales del mismo sujeto pasivo, bien en el objetivo, ampliando la investigación a otros hechos delictivos, o bien en el personal, incluyendo en la intervención otros posibles sospechosos.

En esos casos ha de tenerse en cuenta que la ilegitimidad constitucional de la primera intervención contamina las posteriores de ella derivadas (SSTC 171/99, de 27 de septiembre; 299/2000, de 11 de diciembre; 184/2003 de 23 de octubre; 165/2005, de 20 de junio y 253/2006, de 11 de septiembre).

La ampliación temporal o instrumental de la intervención, es decir la prórroga temporal de una intervención telefónica que inicialmente ha sido autorizada por concurrir motivos justificados, o su extensión a un nuevo teléfono del mismo titular, ya tiene una justificación material en la resolución inicial, por lo que la motivación que se exige en estos casos no necesita extenderse de forma redundante a lo que ya se justificó, ponderó y valoró en el Auto originario habilitante, sino que puede limitarse a ponderar la vigencia en el tiempo de la misma necesidad o la información proporcionada por la policía judicial acerca de la utilización por el sospechoso de otros terminales telefónicos.

Cuando, como sucede en este caso, se trata de una extensión personal, ampliando la intervención a otros sujetos pasivos que también tienen vínculos de conexión con el delito investigado, es necesario ponderar los indicios objetivos de dicha conexión, partiendo de la base de que la necesidad y proporcionalidad de la utilización de la medida para la investigación de los hechos delictivos de que se trate, ya está fundamentada en la resolución inicial.

Para ello ha de tenerse en cuenta que el control judicial de las intervenciones se integra en el contenido del derecho al secreto de las comunicaciones, lo que implica que el Juez al acordar su práctica debe establecer las condiciones precisas para conocer y controlar su desarrollo. Para cumplir este requisito es necesario que los Autos de autorización y prórroga ordenen a la fuerza policial actuante dar cuenta al Juzgado del resultado de las intervenciones, así como que el órgano judicial efectúe un seguimiento de las mismas.

De lo anterior se desprende que el Juzgado debe tener siempre conocimiento del desarrollo de las intervenciones telefónicas ya autorizadas, pero este conocimiento no exige un contacto personal del Juez con la práctica de las intervenciones o con su resultado en forma de grabaciones, sino que es suficiente recibir y revisar los informes periódicos de la policía judicial, que pueden servir de fundamento, igual que lo fue el informe inicial, para los autos que acuerden la ampliación de las intervenciones, en el orden temporal, instrumental, objetivo o personal.

Como ha señalado nuestra doctrina jurisprudencial (STS. 1368/2004 de 15 de diciembre, 745/2008 de 25 de noviembre y 1044/2011, de 11 de octubre, entre otras) ningún precepto legal impone al Juez de Instrucción la obligación de oír las grabaciones de las conversaciones intervenidas para acordar la prorroga o extensión de las intervenciones ya autorizadas, siendo patente que el Juez puede formar criterio de tales efectos por medio de la información de los funcionarios policiales que hayan interesado y practiquen la intervención En consecuencia, si bien el Instructor debe controlar el desarrollo de la intervención y conocer su resultado, no es exigible ni legal ni constitucionalmente que deba oír directamente las conversaciones ni leer íntegramente su transcripción cada vez que deba prorrogar o extender la intervención. Lo esencial es que el Juez efectúe el juicio de ponderación y de proporcionalidad sobre la base de los datos o informaciones que la policía judicial le facilite, acerca de los resultados incriminatorios obtenidos hasta el momento en las intervenciones ya autorizadas, para valorar si existe base objetiva suficiente para su prórroga o ampliación, y consigne dichos indicios, de forma directa o referencial, en la resolución que dicte.

En este momento procesal, no se trata todavía de utilizar el resultado de las intervenciones como medio de prueba en el juicio, sino solamente de que el Juez controle el proceso de intervención y decida, conforme a su propio criterio profesional y en atención a los datos que se le proporcionan, la procedencia de la continuidad o ampliación de la investigación.

QUINTO.- Aplicando esta doctrina al caso actual, es clara la desestimación del motivo.

En efecto, el recurrente fundamenta la supuesta vulneración de su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones alegando que la intervención de sus comunicaciones se acordó a partir del resultado de unas intervenciones anteriores cuyo resultado no había sido escuchado por el Juez directamente de las grabaciones sino que el Instructor fundó su convicción a partir de las trascripciones aportadas por la policía, pero como hemos señalado la audición directa por el Juez no es exigible en estos casos ni legal ni constitucionalmente.

El recurrente no cuestiona la constitucionalidad de las primeras intervenciones, acordadas por auto de 29 de enero de 2008, y suficientemente motivadas, y es en dichas intervenciones donde se obtienen los indicios que permiten concluir que el recurrente participaba en el suministro de droga a terceros. En consecuencia, con esos datos objetivos, de caracter incriminatorio, se solicitó y acordó la intervención del teléfono del recurrente, dictándose el auto de 17 de marzo de 2008, que amplia los sujetos pasivos de la intervención incluyendo, razonada y razonablemente, el teléfono del recurrente.