Procesal. Constitucional. Derecho a un juez o tribunal imparcial.

Sentencia de la Audiencia Provincialde Barcelona (s. 19ª) de 13 de junio de 2013 (Dª. ASUNCION CLARET CASTANY).

SEGUNDO.- "Prima facie" y por lo que se refiere a la infracción procesal denunciada en relación al derecho al Juez imparcial que deriva de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías entienden los recurrentes que se produjo por el hecho de que el juzgador "a aquo" en el acto de la vista celebrado y antes incluso de haber escuchado la contestación de NIORDSEAS, S.L.U. admitió y expuso los argumentos que a la postre obligaría en la sentencia para desestimar la demanda de oposición, en cuanto el incumplimiento aducido habría de ser demostrado de una manera contundente, absoluta y radical para que prosperase la oposición.

Las manifestaciones del juzgador "a quo" en el acto de la vista acerca de que el único incumplimiento posible de examinar en el ámbito del juicio cambiario debía ser el incumplimiento esencial y radical del contrato causal subyacente no bastan para fundamental la parcialidad del Juzgador "a quo". Con carácter general, debemos señalar que las garantías esenciales de un proceso en los términos descritos en el artículo 24.2 de la CE EDL 1978/3879 -proceso público con "todas las garantías"- y en el artículo 6.1 del CEDH, que reconoce el derecho a un juez independiente, emerge de modo rotundo el derecho a un juez imparcial, en concesión evidente con el derecho al juez legal -"predeterminado por la Ley"- también consagrado como derecho fundamental en los indicados preceptos de la Constitución y del Convenio. La imparcialidad del juez, no obstante, además de ser una garantía esencial del proceso, se integra en la categoría, de relevancia constitucional, de suerte que "independencia", constituyendo una característica básica y elemental de la función jurisdiccional, de suerte que juzgar y hacer ejecutar lo juzgado designa una actividad que, en régimen de monopolio, solo puede realizarse por un tercero ajeno a los círculos de interés de las partes, que se encuentra sometido "únicamente al imperio de la Ley", ex artículo 117.1 CE. EDL 1978/3879. De modo que los únicos criterios que deben tomarse en consideración al realizar la función jurisdiccional son la aplicación de la Constitución y la ley. Como declara el Tribunal Constitucional, el artículo 24.2 CE EDL 1978/3879 acorde con lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, reconoce el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente alejado de los intereses de las partes en litigio, de tal modo que la imparcialidad judicial constituye una garantía procesal que condiciona la existencia misma de la función jurisdiccional. 

La imparcialidad judicial aparece así dirigida a asegurar que la pretensión sea decidida exclusivamente por un tercero ajeno a las partes y a los intereses en litigio, y que se someta exclusivamente por un tercero ajeno a las partes y a los intereses en litigio, y que se someta exclusivamente al Ordenamiento jurídico. (....) En orden a determinar los límites de la imparcialidad, tradicionalmente se viene distinguiendo por al jurisprudencia de esta Sala Especial, la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre la imparcialidad objetiva y subjetiva, en los términos siguientes. La Sentenciade esta Sala del Artículo 61 LOPJ EDL 1985/8754, de 24 de marzo de 2004 EDJ2004/40620, declara que a) Imparcialidad subjetiva, es decir, la que garantiza que el Juez no ha mantenido relaciones indebidas con las partes o de que existan apariencias muy importantes de carácter objetivo que levanten sospechas sobre la imparcialidad del Juez del caso concreto. (....) b) La imparcialidad objetiva despliega su eficacia sobre el específico objeto del proceso, sin que pueda extenderse al resultado del contraste entre dicho objeto y el de cualesquiera otros procesos, sin que pueda extenderse al resultado del contraste entre dicho objeto y el de cualesquiera otros procesos de los que haya podido conocer el juzgador. Del mismo modo el Tribunal Constitucional ha venido señalando, por todas, SSTC 5/2004,16 de enero EDJ2004/109 y 156/2007, de 2 de julio EDJ2007/100155, que la jurisprudencia (....) viene distinguiendo entre una imparcialidad subjetiva, que garantiza que el Juez no ha mantenido relaciones indebidas con las artes, en la que se integran todas la dudas que deriven de las relaciones del Juez con aquéllas, y una imparcialidad subjetiva, que garantiza que el Juez no ha mantenido relaciones indebidas con las partes, en la que se integran todas las dudas que deriven de las relaciones del Juez con aquéllas, y un imparcialidad objetiva, es decir, referida al objeto del proceso, por la que se asegura que el Juez se acerca al tema decidendi, sin haber tomado postura en relación con él. Y, en fin, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por su parte, declara, en Sentencia de 20 de diciembre de 2005, caso Jasinski contra Polonia EDJ 2005/206033, que el derecho a un juez independiente recogido en este artículo conlleva una doble exigencia, de imparcialidad subjetiva y objetiva. La primera, la imparcialidad subjetiva, implica la inexistencia de prejuicios, lo cual se presume salvo prueba en contrario por parte del acusado, una prueba en contrario que no ha tenido lugar en este caso. En cuanto a la imparcialidad objetiva, esta supone la existencia de garantías suficientes para excluir toda duda legítima acerca de imparcialidad del juzgador. A este respecto lo decisivo, es saber si las sospechas de parcialidad que el acusado pudiera tener poseen o no una justificación objetiva (Piersack vs.

Bélgica EDJ1982/8234; Hauschildt vs. Dinamarca EDJ1989/12011; Gregiry vs, Reino Unido; Sander vs. Reino Unido EDJ2000/6297).

Y el auto de la misma Sala de 17 de abril, de 2008 había razonado: "De acuerdo con el artículo 10 de la Declaración Universalde Derechos Humanos, el artículo 6.1 del Convenio de Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos se incluye en la categoría de los derechos fundamentales el derecho a un Juez o Tribunal imparcial, que el Tribunal Constitucional ha considerado incluido en el artículo 24.1 CE EDL1978/3879, afirmándose además, que la imparcialidad está también asegurada a través de las causas de recusación y abstención que figuran en las leyes. El Tribunal Supremo ha mantenido la doctrina que pasa a exponerse a continuación: a) es preciso que concurra la imparcialidad subjetiva y para que prospere una recusación basada en esta causa en necesario que "existan sospechas objetivamente justificadas, es decir, exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos, que permitan afirmar fundadamente que el Juez no es ajeno a la causa o que permitan temer que por cualquier relación con el caso concreto, no utilizará como criterio de juicio el previsto por la ley, sino otras consideraciones ajenas al ordenamiento jurídico (....)" (SSTC 65/2001 EDJ2001/1264, 69/2001 EDJ2001/1270 Y 104/2004 EDJ2004/58856, entre otras y Autos de la Saladel art. 61, de 1 julio 2003 y 24 marzo 2004 EDJ2004/40620); b) el interés directo o indirecto como causa de recusación será siempre el personal y no el de índole profesional; c) sólo pueden ser causa de recusación aquellas que estén contempladas en la ley".

El Tribunal Supremo, Sala 2ª, en sentencia de 4 de julio de 2007, razona: "El derecho a un juez o tribunal imparcial, proclamado en el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 y en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Político, se encuentra incluido, según una constante doctrina constitucional, en el derecho a un proceso con todas las garantías reconocido en el artículo 24.2 CE. EDLL1978/3879 De acuerdo con dicho mandato, han de estar suficientemente garantizadas en el ordenamiento jurídico tanto la imparcialidad real de los jueces como la confianza de los ciudadanos en su imparcialidad, por ser ésta una convicción especialmente necesaria en una sociedad democrática que descansa, por su propia naturaleza, en el libre y racional consentimiento que otorgan los ciudadanos a los poderes públicos. Para alcanzar tales garantías establecen los artículos 219 LOPJ EDL 1985/8754 y 54 LECr EDL1882/1 un repertorio de causas de abstención y recusación, que coinciden con situaciones de la más diversa índole, susceptibles de genera, según las reglas de la experiencia, una importante dificultad en el ánimo del juez para resolver con serenidad, ponderación y desapasionamiento la cuestión litigiosa que se le somete. El ordenamiento jurídico, pues, no ha encomendado al buen criterio del juez la apreciación de los motivos por los que debe abstenerse de conocer, ni ha dejado el arbitrio del justiciable la facultad de indicar las causas que le permiten recusar cuestionando o negando la imparcialidad del juez, sino que velando por la seguridad jurídica y para evitar tanto precipitadas abstenciones como abusivas e infundadas recusaciones, ha precisado taxativamente las situaciones que sirven de común presupuesto a la abstención y a la recusación". Esta doctrina sobre el carácter legal y taso de las causas de abstención y recusación, declarada en la Sentencia de esta Sala 1.186/1998 y en otras muchas como las 1393/2000, 2046/2000 y 274/2001, es compatible, naturalmente, con la necesidad de que las disposiciones legales que concretan y regulan dichas causas sean interpretadas y aplicadas de conformidad con los criterios establecidos, para la mejor garantía del derecho al juez imparcial, por la jurisprudencia de este Tribunal y del Constitucional, y muy especialmente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de acuerdo con cuyos criterios se puede llegar a identificar concretos supuestos, no expresamente previsto en la ley pero sí relacionados con los previstos por una razón de analogía, en que los jueces se deban abstener y quepa su legítima recusación".

A tenor del complejo jurisprudencial citado no podemos estimar que concurre la parcialidad desde el punto de vista objetivo. No bastaban las meras suposiciones, sospechas o apreciaciones personales de la recurrente sino que se precisaba demostrar de un modo justificado objetivamente las dudas sobre la imparcialidad que se denunciaba, y eso no se ha conseguido acreditar. La imparcialidad del Juez debe presumirse y las sospechas sobre su parcialidad deben quedar apoyadas y justificadas en datos objetivos concretos y manifiestos, a fin de aseverar que el Juez del conocimiento del asunto no es ajeno a la causa o no utilizará como criterio de solución del conflicto el legal del ordenamiento sino otras consideraciones ajenas a aquel. Y así no se ha acreditado que los juicios del Juzgador de la instancia pudieran desplegar su eficacia al margen de lo razonado en el ordenamiento jurídico; razones por las que perece el motivo alegado.